Ricardo Acosta habló el 27 de agosto en Mañanas Blu con la urgencia de quien lleva quince días viendo arder su municipio. El alcalde de San Luis, Tolima, no llegó a la entrevista con certezas judiciales. Llegó con videos que le han pasado los campesinos, con nombres de veredas, con una frase que resumía el estado del territorio: «San Luis no aguanta un día más».

Lo que describió es una denuncia. Eso hay que decirlo antes de cualquier otra cosa, porque la diferencia importa. Acosta señaló indicios de «manos criminales» y apuntó hacia personas en motocicleta en la zona rural del municipio. La Fiscalía y las autoridades de investigación ya tienen esa información en su poder, según él mismo confirmó. Pero al cierre de esta nota no hay parte público de capturas, imputaciones ni estado procesal relacionado con San Luis.

Lo que cuentan las veredas

Dos episodios referidos por la comunidad concentran la denuncia. En la vereda Campoalegre, según Acosta, campesinos registraron el paso de una motocicleta seguido, minutos después, por el inicio de un incendio que los mismos habitantes lograron controlar. En la vereda Piedra Blanca, dos personas en moto con casco habrían sido vistas en la zona; cinco minutos más tarde, el fuego.

Ninguno de los testigos aparece nombrado en la entrevista. Los videos existen, según el alcalde, y ya están en manos de las autoridades. Lo que no existe todavía, al menos no públicamente, es una confirmación del Ejército, la Policía o la Fiscalía sobre el contenido de esas grabaciones ni sobre su estado dentro de alguna investigación.

El presidente Abelardo De la Espriella también mencionó por separado indicios similares en los municipios de Suárez, Coello y San Luis. Sigue siendo hipótesis. Las capturas que se han reportado en otros municipios del Tolima —Dolores, Palermo— corresponden a expedientes distintos y no deben confundirse con esta denuncia.

El peso de lo que ya ocurrió

Con o sin autoría confirmada, el daño en San Luis es concreto. El 26 de agosto, según Acosta, un incendio afectó un gasoducto y dejó sin gas a 284 familias rurales. Parte de ese grupo lleva dos o tres días sin energía por postes y redes quemados. No hay boletín público del prestador del servicio que respalde o precise esa cifra.

El alcalde estimó también 7.200 reses sin alimento y un valor ganadero en riesgo que supera los 22.000 millones de pesos. Son estimaciones suyas, no cifras avaladas por Fedegán, la Secretaría de Agricultura ni la UMATA. Pero incluso como estimación, la escala es suficiente para entender por qué Acosta pidió mayor despliegue de fuerza pública con esa urgencia en la voz.

Los campesinos llevan más de quince días en labores de extinción. Los vientos, según el alcalde, superan los 40 kilómetros por hora. La administración municipal, dijo, está prácticamente paralizada. Hay patrullajes militares en la zona, pero insuficientes, a su juicio, para la dimensión de lo que está ocurriendo.

San Luis figura entre los municipios con focos activos según el recorte del ministro Rodrigo Lara difundido el 26 de agosto por Caracol Radio. La gobernadora del Tolima, en días anteriores, ya había denunciado ante la Fiscalía la hipótesis de «manos criminales» en los incendios de la región. Son piezas del mismo clima, pero piezas separadas.

Lo que Acosta puso sobre la mesa ese jueves en la mañana fue una denuncia pública con nombres de veredas, descripción de episodios y una solicitud directa al Estado. La investigación dirá si detrás del fuego hay algo más que el viento.